Más allá de la desfachatez de Ingrid Betancur
La ex secu
estrada y ex candidata presidencial Ingrid Betancourt presentó ante la Procuraduría General una solicitud de conciliación por $ 15.431 millones de pesos alegando una reparación por parte del estado colombiano, ya que según ella, por órdenes de altos funcionarios, su escolta fue retirada antes de ir a San Vicente del Caguán. También porque ningún militar (incluido el Gral. Del ejército Arcesio Barrero) o encargado de seguridad del gobierno Pastrana le dijo expresamente que la zona era muy peligrosa para el ingreso de civiles.
La opinión pública reaccionó como muy pocas veces lo había hecho. Decenas de grupos en Facebook y frases en las conversaciones cotidianas como por ejemplo: “Si Ingrid Betancourt quiere plata, más bien que envíe un mensaje de texto con la palabra RICO al 2299” son expresiones de lo disgustada que está gran parte de la población colombiana por la solicitud de Betancourt. Sumado a esto, figuras de opinión y medios de comunicación como la revista Semana se han unido al rechazo. Y como si fuera poco, el centro de la discusión no ha estado en el significado de las pretensiones de Betancur, sino en los descalificativos y las emociones que han generado los hechos (tarada, impertinente, ególatra, codiciosa, farisea, irresponsable, perra, entre otros que encontré en Facebook y Twitter), lo que hace más intensa la oposición a Betancur.
Hace unas horas Betancur concedió una entrevista en Caracol Radio y TV explicando el porqué de su accionar, en la cual, entre otras cosas, dijo que en ningún momento tuvo la intención de demandar al Estado colombiano y que en el caso que la conciliación no prospere no pretende demandar. También dijo que está infinitamente agradecida con quienes la rescataron y que al actuar gobierno solo puede ofrecerle su gratitud. Además dijo que presentó la solicitud como señal de apoyo a sus compañeros ex secuestrados, quienes le pidieron que no dejara vencer los términos para pedir reparación, ya que sería una señal que pondría sobre la mesa el tema de reparación a víctimas de la violencia y que esta era su única intención. La declaración más impactante de la entrevista fue cuando aseguró que la cifra de $ 15.431 millones de pesos era una cifra simbólica que solo pretendía mostrar lo importante de la reparación a las víctimas y que si hubiera puesto una cifra simbólica de mil pesos habría enviado el mensaje que las víctimas no merecían una reparación justa.
La solicitud de Betancur se basa en 2 argumentos principales: 1) El Estado no proporcionó suficiente protección a la entonces candidata, lo cual va de la mano con que según ella, el gobierno estaba publicitando la supuesta recuperación del territorio del Caguán por parte del ejército lo cual la habilitaría para ir. Este argumento es insustentable por el simple hecho de que altos funcionarios el gobierno advirtieron a Betancur el peligro que corría al ir al Caguán y el descargo de responsabilidad que, según el gobierno, ella firmó antes de ir. En la entrevista de esta noche ella contra argumenta diciendo que si le era removida la escolta ella no podía dejar de moverse ya que hubiera sido como si el gobierno manejara su campaña, pero al mismo tiempo pide que los militares a cargo de la zona la detuvieran en su intento. Esto no es otra cosa que una contradicción. 2) El Estado no condujo las acciones suficientes para su liberación. Lo cual es abiertamente falso ya que el gobierno colombiano le dio un trato preferencial a Betancur e incluso tomó la decisión de liberar a Rodrigo Granda como muestra unilateral de interés. Esto sin contar que a petición de la misma Betancur, la procuraduría ya había investigado el caso y encontrado al Estado inocente por lo que a ella le sucedió. Por lo anterior es fácil afirmar que no existe viabilidad jurídica para sus pretensiones y que Ingrid Betancur fue la única responsable por su secuestro.
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Pero ¿Qué hay más allá del hecho que Ingrid Betancur se “enloqueció”?, ¿Qué significa para la justicia una solicitud de reparación?
Lastimosamente la polémica se ha quedado en los cientos de descalificativos a Betancur y las emociones que genera que alguien pudiente pida más de quince mil millones de pesos al estado como reparación. Esta polémica, como la misma Betancur lo dijo en su entrevista, no ha sido aprovechada para mostrar los problemas de la reparación de víctimas en nuestro país, sus implicaciones presupuestales y la dificultad que tienen personas sin figuración mediática para acceder a ella.
De hecho, a través de la observación de los comentarios de varias figuras de opinión, la solicitud de reparación de víctimas parece un insulto, en esta categoría entran comentarios como el de Monseñor Pedro Rubiano, quien dijo “Ingrid debería estar agradecida por estar libre”. Con comentarios como este se pone la reparación de víctimas como un favor incómodo que aquellos afectados por la violencia no deberían pedir por agradecimiento al Estado. Esto además de desincentivar la exigencia de derechos por parte de muchos ciudadanos es un retroceso frente al terreno ganado que tuvo el tema en la carrera por la presidencia gracias a las propuestas de candidatos como Gustavo Petro y Rafael Pardo y después de esta con la reunión entre Petro y el presidente electo Juan Manuel Santos.
Tampoco se ha aprovechado la polémica para hablar de las implicaciones presupuestales de la reparación, siendo que este es el motivo de rechazo de miles de colombianos (como por ejemplo los miembros del grupo en facebook “Mis impuestos no son para pagar la impertinencia de Ingrid Betancur”). Es una lástima, ya que este argumento fue el esbozado por el gobierno en 2009 para pedirle a su bancada la votación en contra de la ley de víctimas impulsada por el partido liberal y el Polo. Y también es una lástima porque hace algunos días, como lo publicó la revista Semana, se falló la primera sentencia de reparación de justicia y paz, la cual le costará al Estado más de $ 100.000 millones. La controversia debería ser aprovechada para poner de presente la necesidad de una ley de reparación de víctimas que haga un uso eficiente de los recursos públicos y más en un país que se aproxima a un pos conflicto.
Ojalá que mientras el tema de la solicitud de Betancur esté abierto, la opinión pública vea la necesidad de una política de reparación coherente al mismo tiempo con la magnitud del conflicto colombiano y las capacidades presupuestales del Estado.
