Yo soy de los que aman a Colombia con todas las fuerzas.

Yo soy de los que creen que este país tiene un potencial inmenso en su gente.

Y tambien soy de esos que no creen que el 20 de julio de 2010 haya mucho que celebrar.

¿Celebrar Qué?

¿200 años de un Estado fallido y sin rumbo?, ¿de una patria boba eterna que ya no cambia entre Federalismo y Centralismo sino que se mueve al vaivén de los caprichos de sus presidentes?

Eso no lo voy a celebrar, no soy capaz de decirle al mundo que 200 años después de habernos independizado solo hemos logrado llegar a ser el país número 46 entre los Estados fallidos, y que sólo nos falta sobrapasar a Bolivia, Congo y Angola (entre otros) para dejar de serlo. Me da vergüenza publicitarle al mundo la hermosa noticia de que si uno no es lo suficientemente “patriota” poniendo una bandera en la ventana, uno es multado. Hasta donde yo se, el patriotismo no es un deber o una imposición de nadie, es un vínculo del ser humano con la patria, que no se restablece con una multa.

Y entonces me dicen que no amo a mi país, que no creo en los colombianos, y que mi corazón pertenece a otro lugar.

Yo amo a mi país tanto, que creo que merece lo mejor, por eso critico y propongo, por eso digo que todavía no voy a celebrar, que voy a celebrar cuando hayamos logrado por lo menos tomar la decisión de coger las riendas e ir hacia algún lado, de cumplir los preceptos más importantes y sagrados: los impuestos por nuestra constitución. Celebraré el día en que Colombia en serio parezca ese Estado Social de Derecho que dice en el artículo primero. O lo haré el día en que el servicio a la comunidad, enunciado en el artículo segundo, sea en serio el fin esencial del gobierno.

Creo tanto en los 44 millones de colombianos que quiero verlos con Salud, educación y prosperidad, de modo que ese potencial tan grande que tienen se transforme en algo bueno, ojalá muy bueno. Algo que si vale la pena mostrar.

Y luego me dicen que por qué no celebro los avances que se han dado.

Me es imposible hacerme el pendejo y celebrar algunos logros mientras lo más dificil no se ha sorteado. A mi no me basta con una postal que muestra a Bogotá como una metrópolis del siglo XXI siendo que del Chicó al Chocó hay mucho más que 2000 kilómetros de distancia. Yo no quiero decirle al mundo que venga a ver mi país, si sólo los puedo llevar a Usaquén en Bogotá, Poblado en Medellín, o Bocagrande en Cartagena. No lo quiero hacer porque no es justo con ellos, porque si no les puedo mostrar el gran potencial de quienes viven en los barrios pobres, no vale la pena.

Y que me digan pesimista. Yo les contesto lo que decía Saramago: “Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay.”

Espero con ansias el día en que todos podamos celebrar.

La opinión pública reaccionó como muy pocas veces lo había hecho. Decenas de grupos en Facebook y frases en las conversaciones cotidianas como por ejemplo: “Si Ingrid Betancourt quiere plata, más bien que envíe un mensaje de texto con la palabra RICO al 2299” son expresiones de lo disgustada que está gran parte de la población colombiana por la solicitud de Betancourt. Sumado a esto, figuras de opinión y medios de comunicación como la revista Semana se han unido al rechazo. Y como si fuera poco, el centro de la discusión no ha estado en el significado de las pretensiones de Betancur, sino en los descalificativos y las emociones que han generado los hechos (tarada, impertinente, ególatra, codiciosa, farisea, irresponsable, perra, entre otros que encontré en Facebook y Twitter), lo que hace más intensa la oposición a Betancur.

Hace unas horas Betancur concedió una entrevista en Caracol Radio y TV explicando el porqué de su accionar, en la cual, entre otras cosas, dijo que en ningún momento tuvo la intención de demandar al Estado colombiano y que en el caso que la conciliación no prospere no pretende demandar. También dijo que está infinitamente agradecida con quienes la rescataron y que al actuar gobierno solo puede ofrecerle su gratitud. Además dijo que presentó la solicitud como señal de apoyo a sus compañeros ex secuestrados, quienes le pidieron que no dejara vencer los términos para pedir reparación, ya que sería una señal que pondría sobre la mesa el tema de reparación a víctimas de la violencia y que esta era su única intención. La declaración más impactante de la entrevista fue cuando aseguró que la cifra de $ 15.431 millones de pesos era una cifra simbólica que solo pretendía mostrar lo importante de la reparación a las víctimas y que si hubiera puesto una cifra simbólica de mil pesos habría enviado el mensaje que las víctimas no merecían una reparación justa.

La  solicitud de Betancur se basa en 2 argumentos principales: 1) El Estado no proporcionó suficiente protección a la entonces candidata, lo cual va de la mano con que según ella, el gobierno estaba publicitando la supuesta recuperación del territorio del Caguán por parte del ejército lo cual la habilitaría para ir. Este argumento es insustentable por el simple hecho de que altos funcionarios el gobierno advirtieron a Betancur el peligro que corría al ir al Caguán y el descargo de responsabilidad que, según el gobierno, ella firmó antes de ir. En la entrevista de esta noche ella contra argumenta diciendo que si le era removida la escolta ella no podía dejar de moverse ya que hubiera sido como si el gobierno manejara su campaña, pero al mismo tiempo pide que los militares a cargo de la zona la detuvieran en su intento. Esto no es otra cosa que una contradicción. 2) El Estado no condujo las acciones suficientes para su liberación. Lo cual es abiertamente falso ya que el gobierno colombiano le dio un trato preferencial a Betancur e incluso tomó la decisión de liberar a Rodrigo Granda como muestra unilateral de interés. Esto sin contar que a petición de la misma Betancur, la procuraduría ya había investigado el caso y encontrado al Estado inocente por lo que a ella le sucedió. Por lo anterior es fácil afirmar que no existe viabilidad jurídica para sus pretensiones y que Ingrid Betancur fue la única responsable por su secuestro.

* * *

Pero ¿Qué hay más allá del hecho que Ingrid Betancur se “enloqueció”?, ¿Qué significa para la justicia una solicitud de reparación?

Lastimosamente la polémica se ha quedado en los cientos de descalificativos a Betancur y las emociones que genera que alguien pudiente pida más de quince mil millones de pesos al estado como reparación. Esta polémica, como la misma Betancur lo dijo en su entrevista, no ha sido aprovechada para mostrar los problemas de la reparación de víctimas en nuestro país, sus implicaciones presupuestales y la dificultad que tienen personas sin figuración mediática para acceder a ella.

De hecho, a través de la observación de los comentarios de varias figuras de opinión, la solicitud de reparación de víctimas parece un insulto, en esta categoría entran comentarios como el de Monseñor Pedro Rubiano, quien dijo “Ingrid debería estar agradecida por estar libre”. Con comentarios como este se pone la reparación de víctimas como un favor incómodo que aquellos afectados por la violencia no deberían pedir por agradecimiento al Estado. Esto además de desincentivar la exigencia de derechos por parte de muchos ciudadanos es un retroceso frente al terreno ganado que tuvo el tema en la carrera por la presidencia gracias a las propuestas de candidatos como Gustavo Petro y Rafael Pardo y después de esta con la reunión entre Petro y el presidente electo Juan Manuel Santos.

Tampoco se ha aprovechado la polémica para hablar de las implicaciones presupuestales de la reparación, siendo que este es el motivo de rechazo de miles de colombianos (como por ejemplo los miembros del grupo en facebook “Mis impuestos no son para pagar la impertinencia de Ingrid Betancur”). Es una lástima, ya que este argumento fue el esbozado por el gobierno en 2009 para pedirle a su bancada la votación en contra de la ley de víctimas impulsada por el partido liberal y el Polo. Y también es una lástima porque hace algunos días, como lo publicó la revista Semana, se falló la primera sentencia de reparación de justicia y paz, la cual le costará al Estado más de $ 100.000 millones. La controversia debería ser aprovechada para poner de presente la necesidad de una ley de reparación de víctimas que haga un uso eficiente de los recursos públicos y más en un país que se aproxima a un pos conflicto.

Ojalá que mientras el tema de la solicitud de Betancur esté abierto, la opinión pública vea la necesidad de una política de reparación coherente al mismo tiempo con la magnitud del conflicto colombiano y las capacidades presupuestales del Estado.